La externalización
(privatización) de los servicios públicos se justifica por descargar al Estado
de prestaciones que puede realizar el sector privado (principio de subsidiariedad
del Estado en gestiones productivas), el cual por definición es más eficaz y
económico que los servicios públicos (funcionarios, puaf!), redundando por
tanto en una gestión más ágil y barata de lo cual se beneficia toda la sociedad
en general. Bravo!
Cuál es la realidad? Que las
privatizaciones se realizan para beneficiar a los concesionarios y ello en dos
fases: una, en la propia inversión en la infraestructura, con sobrecostos que
aseguran el enriquecimiento de todos los implicados, políticos incluidos, aunque luego la inversión no se utilice para
nada (ejemplos sin límite son los juzgados madrileños, el circuito F1
valenciano, los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real…, etc.). Dos, en la
gestión del servicio que finalmente resulta más caro, más ineficiente, sin
ninguna garantía para el usuario, y si es especialmente costoso se le desvía a centros
públicos donde es gratuito y responsable (caso típico el de los hospitales).
El reciente
caos de la AP6 por una nevada “prevista pero imprevisible” merece algunos comentarios.
Como decíamos el lunes pasado, “tras verse atrapados durante más de 15 horas a temperaturas bajo
cero miles de personas en cerca de 4.000 vehículos en la autopista AP6, en su
cruce entre Avila y Segovia, con casi 80 km de corte, el gobierno del PP les
aconseja que tengan paciencia, pa-cien-cia. Mientras el ministro Zoido sufría,
y tánto como sufría, viendo desde elpalco que el Betis le metía cinco goles,
cinco! que se dice pronto, a su equipo del Sevilla. Ah! y precaución, mucha
precaución. Por su parte, Fomento, echando balones fuera, desvía su
responsabilidad en el caos de la AP6 y abre expediente informativo a la
concesionaria (Iberpistas, del grupo Abertis, que controla el 69% de todas las
autopistas españolas).
Primero lo de las infraestructuras, cuyo objetivo no es que sirvan para
nada sino mover dinero a pala gran parte del cual se va quedando en los
bolsillos. Ahí están los ramales en Madrid de las autopistas R1, R2, R3, R4, R5,
que como no son rentables por falta de tráfico, el gobierno se apresta a
rescatar (o sea, salvar de sus pérdidas a las concesionarias), lo cual implicará
pagar miles de millones por algo que “en ningún caso significará ni un euro
para los ciudadanos”. Cuando sean rentables, se les volverá a conceder la
gestión. O no?
Luego, la gestión. La culpa es de la concesionaria, dice Tráfico. Y una leche,
contestan los de Abertis, nosotros avisamos que debería cerrarse la autopista
visto lo que se nos venía encima, pero Tráfico no nos hizo caso e incluso
desvió otros vehículos hacia la AP6. Bueno, Tráfico sigue intentando echar
balones fuera, pero visto lo que se nos venía encima, los conductores deberían haber
optado por otras vías alternativas (en helicóptero, por ejemplo?), la prueba de
su falta de prudencia puede verse en que algunos ni siquiera llevaban abrigos (sic, respuesta del tfno. 112 para “emergencias”).
En cuanto a medidas preventivas, quién podía imaginarse lo que se nos venía
encima? (aquí se entiende ahora lo de “prevista pero imprevisible”, no?).
Por último, la concesionaria debe prestar ayuda a los usuarios que para
eso han pagado sus peajes. Sí? pues no. Han
sido de nuevo los servicios públicos, 240 agentes agentes de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, los que han tenido que
sacar las castañas del fuego a la concesionaria.
El director de la DGT asegura que no ha pensado en dimitir e Iberpistas
dice que las decisiones últimas son del Ejecutivo. Y todo lo que dicen, sin sentido,
como habéis visto, lo hacen con una cara dura y una desfachatez propias de los profesionales
de la estafa pública, a quienes todo les rebota sin pestañear.
Como veis, la externalización se justifica por su transparencia, su
agilidad, su economía…
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