jueves, 23 de agosto de 2012

423. reflexiones y otros disparates del día (23/8/12)

1. Desobediencia civil
hospital de Lliria (Valencia), cerrado
Cuando Antígona, desobedeciendo las leyes de Tebas que prohibían enterrar los cuerpos de los Siete Capitanes que habían sitiado la ciudad, derramó polvo (ritual de inhumación) sobre el cadáver de su hermano Polinices, siendo por ello condenada a muerte, con su gesto mereció quedar inmortalizada en una tragedia de Sófocles. Todo un modelo y ejemplo de cómo el derecho natural prevalece, o debe prevalecer, sobre las leyes que lo contradicen, haciendo que la desobediencia civil sea un deber y no sólo un derecho. Lo mismo está ocurriendo con las leyes que quieren marginar de la sanidad a los inmigrantes sin papeles. Darles la alternativa de un seguro que les cuesta 700 € es un sarcasmo añadido pues si los tuvieran no pertenecerían a los grupos marginados “sin papeles”. Cinco comunidades, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Euskadi, más otras 2 que les gustaría imitarlas, Valencia y Galicia, se rebelan contra esa ley injusta, dándonos ejemplo con su conducta. No se trata sólo de un derecho universal y del juramento hipocrático, vigente desde hace más de 25 siglos, sino que además, bajo un punto de vista pragmático, cuesta menos atenderlos de lo que costarían las urgencias y los tratamientos de nuevos enfermos contagiados. Estas cinco CC.AA suman un tercio de la población total y albergan a más de la mitad de los 150.000 inmigrantes “sin papeles” que tenemos en España. Las leyes que contradicen el derecho natural son ilegítimas y deben ser desobedecidas, obedeciendo a nuestra conciencia.
     Y a la desobediencia civil (incumplimiento de las leyes) apelaban, sin causa justa ni por lo tanto suficiente, los del PP, los campeones de la hipocresía, cuando estaban en la oposición y se negaban a aceptar la ley anti-tabaco, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el IVA! de Zapatero… Los mismos que ahora rechazan que la ciudadanía se rebele ante sus leyes injustas, que vulneran incluso derechos fundamentales, y además ilegítimas al promulgarlas desde el poder que consiguieron mediante promesas falsas como argucias ilegítimas.
2. La intervención internacional
Plaza de Tiananmen, Puerta de la Paz Celestial, Beijing (China)
Ya en los años 60 me pronuncié en favor de un código penal internacional y un tribunal universal competente para aplicarlo. El concepto de soberanía ya no cabe en un mundo global, intercomunicado, interdependiente, en el que las superestructuras políticas (ONU, UE…) se imponen sobre los Estados, que las aceptan voluntariamente. Quedarse en situación de espectadores en casos de genocidios flagrantes como los que se producían en Afganistán, Kosovo, Libia… sin proteger internacionalmente a las minorías masacradas, es algo que no nos podemos permitir. Ya lo consentimos en los casos de millones de judíos incinerados por los nazis, o de armenios por los turcos, o de estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen en 1989. Pero el caso de Siria ahora clama por una intervención internacional inmediata para evitar la represión de Alepo, que remeda la de Bengasi en Libia. El tema está en quién decide y cómo, así como en la necesidad y los límites de la intervención, para evitar intereses bastardos y espurios como ocurría con el petróleo de Irak o el negocio particular de Dick Cheney en la contratación de mercenarios o en la reconstrucción de los escombros. La aprobación de la intervención en la Asamblea, no sólo el Consejo, de la ONU, parece el marco adecuado, que se ignoró en el caso de la invasión de Iraq, lo que la hizo tan ilegal como ilegítima. Reconocido y declarado el genocidio, la intervención internacional no sólo queda legitimada sino que resulta obligada. Estas actuaciones presuponen una modificación en la estructura moral de la política internacional: ya no cabe ser amigo de los tiranos sino de sus pueblos.
3. Transparencias opacas
Helen Darbishire
Ya hemos denunciado aquí repetidamente la opacidad con que se está tramitando la falsa ley de transparencia. Helen Darbishire no se muerde la lengua al informarnos de que la pregunta hecha al gobierno español por la organización internacional Access Info Europe que ella dirige, sobre la aplicación del convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, lleva cinco años pendiente de respuesta. La única que han recibido es que “no tienen derecho a hacer preguntas”. Lo cual demuestra que la falta de transparencia en nuestros gobiernos es un tema de cultura, que sobrepasa lo aconsejable o lo mínimamente correcto. Ignoramos que la obligación de información y transparencia es consecuencia del derecho a saber del ciudadano, que es un derecho fundamental. Cierta vez pedí datos al Congreso norteamericano para documentar mi tesis doctoral (en derecho internacional, McGill University) y en menos de quince días recibí varias cajas de documentos muy valiosos, pero veinte veces más de lo que les pedí, con mucha información adicional. Intenten ustedes esta experiencia con el Congreso español o cualquier ministerio de chicha y nabo.
      No pertenecemos ni siquiera al club de los 90 países que ya tienen regulada la materia. Suecia lo puso en práctica desde 1766. El caso Dívar tan reciente y sangrante es paradigmático. Access Info Europe nos alerta de que ya en la fase de borrador la ley de transparencia nace opaca y de que las excepciones, que sólo se justifican si son pocas y están claras, son tantas que harán que esta ley más que de la transparencia lo sea de la opacidad. Que es donde reina la corrupción, el delito, lo arbitrario y la impunidad.

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